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⚖️ Guía Práctica de Recursos

Cómo recurrir con éxito una multa de Radar por exceso de velocidad en Alcazar De San Juan.

Dispones de un plazo máximo de 20 días naturales desde la notificación para elegir entre dos vías excluyentes: pagar la multa con una reducción del 50% por pronto pago (renunciando a cualquier alegación) o presentar un escrito de alegaciones. Si decides recurrir, pierdes el derecho a la bonificación, por lo que debes estar seguro de la existencia de defectos de forma o errores en el expediente.

Defectos de forma más comunes para anular esta multa.

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Para que un recurso prospere, no basta con negar el exceso; debes atacar la validez técnica o administrativa de la sanción. Revisa minuciosamente los siguientes puntos en tu notificación:

Dónde presentar el escrito de alegaciones en Alcazar De San Juan o por internet.

Si la multa ha sido impuesta por la Policía Local de Alcázar de San Juan, debes dirigir tus alegaciones a la Concejalía de Tráfico o al Departamento de Sanciones del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Si la multa fue impuesta por la DGT (en vías interurbanas), el organismo competente es la Jefatura Provincial de Tráfico de Ciudad Real.

La forma más eficiente de presentar el escrito es a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan mediante certificado digital o Cl@ve. También puedes presentar el escrito de forma presencial en el Registro General del Ayuntamiento. Recuerda que, además de evitar multas por exceso de velocidad, es vital cumplir con las nuevas normativas de movilidad; por ello, te recomendamos consultar

🌍 Consejo: Muchas multas actuales son por acceder a zonas restringidas sin pegatina. Comprueba todas las restricciones en ZBEMaps.es antes de viajar.
para verificar si tu vehículo tiene acceso permitido a las zonas de bajas emisiones y evitar sanciones por restricciones de circulación.

Si el recurso es desestimado en vía administrativa, aún te queda la opción de interponer un Recurso de Reposición o acudir a la vía contencioso-administrativa, aunque esta última suele requerir un análisis coste-beneficio previo, ya que implica costes judiciales.